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Pagar en efectivo

Pongamos un ejemplo más psicológico, más pragmático y menos metafísico sobre lo que implica la visión sesgada del individuo. Para ello, usaré el debate que se genera alrededor de la idea del «pago en efectivo».

Hay personas que lo defienden seguramente porque, en su mente, defienden la libertad del proveedor del servicio para declarar lo que considere justo y no lo que le es impuesto. En cambio, hay otras que ven esto mismo como un fraude y, por ello, consideran que el efectivo no debería existir, para evitar ese tipo de situaciones. En el primer caso, quien está a favor del efectivo considera al proveedor del servicio una víctima del sistema.

El sistema lo exprime hasta el punto de que vive para trabajar y no para tener, eventualmente, la capacidad de generar una riqueza suficiente con la que poder decidir cuándo dejar de trabajar o trabajar únicamente por el placer que puede proporcionarle el ejercicio de su labor. El primero aboga por la libertad porque es algo que desea para sí mismo. Sin embargo, el segundo no la desea o no la considera una opción viable, por lo que aboga por un Estado paternalista y autoritario al que cederle la toma de sus decisiones y que sea este su proveedor y tutor. Este segundo considera que el proveedor del servicio es un egoísta que busca un bien para sí mismo a costa de la precariedad del conjunto, por lo que, desde su punto de vista, es un verdugo.

Uno podría decantarse fácilmente por uno de estos bandos en función de la posición en la que se encuentre o de la disposición que tenga ante la vida y, por lo tanto, de lo que espere de ella. Desde el punto de vista de cada uno, ambos tendrían razón. Sea cual sea su preferencia, los dos se enfrentan a una misma lucha o conflicto: el miedo y el egoísmo producido por ese miedo.

En el primer caso, a uno le daría miedo no ser libre o no tener un poder de decisión más amplio; en el otro, le daría miedo que el Estado no fuese capaz de suplir sus necesidades fundamentales. Ambos son igual de egoístas. Tanto el uno como el otro persiguen intereses dispares que buscan el beneficio propio para solventar su miedo primordial.

Sobre esa fractura de base o clara división se construye un Estado fraccionado. Esa misma división se traslada a un estamento superior.

¿Y qué hacen los participantes del estamento superior? Exactamente lo mismo que los participantes del debate anterior: defender sus intereses particulares y egoístas, con el agravante de encontrarse alejados del conflicto inicial, pues su sustento no depende de la resolución de este, sino de la defensa partidista y sesgada de la visión de sus votantes.

A esa desvinculación entre las decisiones tomadas y el propio sustento se le añade un nuevo agravante: la fiebre del poder. La fiebre de creerse un dios con siervos estúpidos a los que debe dirigir y por los que debe decidir cómo pensar y vivir.

Entonces, ¿dónde estaría la solución? Obviamente, en el único lugar donde puede encontrarse: en el origen del conflicto. Por lo tanto, en esos dos individuos cegados por sus intereses particulares y en su necesidad de delegar en un tercero la resolución de su conflicto.

¿Y cómo se podría resolver? Los intereses opuestos se resuelven llegando a un punto de equilibrio, a un punto de nivelación simbiótica, producto de la voluntad de querer entender la postura de la contraparte y aceptarla como válida, deseable y razonable, al igual que la propia. Eso no es otra cosa que una voluntad de unión.

Si en el origen del Estado, que son los individuos de la sociedad, existiese esa voluntad de unión, la capa superior, que debería ser una capa gestora, no perseguiría intereses ajenos a esa voluntad única, pues se le habría trasladado con claridad en qué consiste.

El Estado no puede resolver los conflictos que nacen de la fractura entre los individuos y de su falta de unión. De hecho, solo puede potenciarlos o agravarlos, ya que, desde su posición privilegiada, se vuelve ajeno al propio conflicto.